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*Al resolver tres controversias constitucionales interpuestas por los municipios de Colima, Colima; Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y del estado de Michoacán, el Alto Tribunal ratificó el fallo el 29 de noviembre de 2022.

Ciudad de México, a 26 de mayo, 2023

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. “Las Fuerzas Armadas complementarán la Guardia Nacional, la cual es un cuerpo de seguridad federal para el desempeño de sus funciones, situación que no contraviene las atribuciones del ayuntamiento o de los estados, como es, por ejemplo, el mando de la Policía Preventiva”, afirmó Loretta Ortíz Ahlf, ministra de la SCJN.

Al resolver tres controversias constitucionales interpuestas por los municipios de Colima, Colima; Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y del estado de Michoacán, el Alto Tribunal ratificó el fallo el 29 de noviembre de 2022.

En dicho acuerdo, la SCJN autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, en tareas de seguridad pública.

“El objetivo de la Guardia Nacional es realizar la función de la seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, conforme a los convenios que se celebren, colaborar temporalmente con las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas o a los municipios”, Sostuvo Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN.

SCJN expone argumentos ante acuerdo de Fuerzas Armadas

En esta ocasión, las autoridades locales argumentaron que el acuerdo invalida las facultades de los estados y municipios del país.

“El acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores, porque, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una materia concurrente entre los tres niveles de Gobierno. Al contrario, la intervención de las Fuerzas Armadas se contempla en un marco de colaboración del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, subrayó Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN.

Quienes votaron en contra, en la primera ocasión que se analizó el tema, reiteraron sus argumentos: “El parámetro de regularidad del proyecto propone un criterio demasiado amplio, en relación con la participación excepcional de las Fuerzas Armadas permanentes en la seguridad pública del país. Asimismo, el acuerdo no cumple, desde mi punto de vista, con los criterios de excepcionalidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, argumentaron.

Al final, una mayoría de siete ministros avaló el acuerdo que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028.